¿Cómo se llama la obra?

¿Cómo se llama la obra?

Oct 29

La obra:

 

Sube el telón: Se aprueba en noviembre del 2012 una reforma tributaria en virtud de la cual se establece un impuesto de 1% anual sobre el valor del vehículo por concepto de derecho a circulación (el comúnmente llamado “marbete”), el cual se comenzaría a aplicar a partir de junio 2013. En junio 2013, dos días después de que la DGII anunciara que se acercaba la fecha de renovar el marbete y recordara el valor del nuevo impuesto -y luego de unos cuantos reclamos por parte de la población-, el Presidente Medina anuncia que se pospondrá la aplicación del nuevo impuesto. Baja el telón.
Sube el telón: La Superintendencia de Electricidad anuncia un domingo en la mañana que se aumentará la tarifa eléctrica entre un 1% y un 4.2%, a ser aplicado inmediatamente. El lunes siguiente el Presidente Medina llama al superintendente y le anuncia que el aumento queda sin efecto. Baja el telón.

 

¿Cómo se llama la obra?

 

Estas decisiones presidenciales, que anulan decisiones tributarias y económicas previas del legislativo y del propio ejecutivo,  ponen en evidencia la forma en que se hacen las cosas en nuestro país: sin justificación, sin estudios previos, sin planificación, usando un método de prueba-error, que termina resultando en costos sumamente elevados para los ciudadanos.

 

Analicemos las situaciones previamente descritas para entender por qué, a pesar de que ambas parecen ser buenas noticias a corto plazo para nosotros los ciudadanos -quienes actualmente tenemos una gran carga económica- en realidad se trata simplemente de mala administración, que tendrá consecuencias económicas negativas a mediano y largo plazo para los ciudadanos y el Estado en su conjunto. Actuar impulsivamente en el presente, puede tener, como evidenciaremos, resultados desastrosos para el futuro.

 

Primer Acto:

 

El impuesto de circulación fue modificado de consistir en un monto fijo a un 1% sobre el valor del vehículo. Esta modificación fue discutida por un tiempo en cada una de las cámaras del Congreso Nacional (poder del Estado facultado para la creación y modificación de impuestos); por lo cual debemos suponer que dicho impuesto se propuso y dispuso luego de haberse realizado las evaluaciones y estudios que corresponden estas situaciones. Dichas evaluaciones debían examinar y determinar, entre otras cosas: qué tantos ingresos necesita el Estado; la capacidad contributiva real de las personas a quienes se les aplicaría dicho impuesto; el impacto que esto podría tener en la eventual adquisición de vehículos de mayor precio por parte de los ciudadanos, y por tanto el impacto en el mercado de venta de vehículos; las alternativas existentes para el ciudadano, que podrían provocar que las personas disminuyeran el uso  de vehículos, haciendo menor la recaudación; y principalmente, una proyección de cuánto recaudaría el Estado con dicho impuesto.

 

Vale hacer la salvedad de que de todos los impuestos creados y/o modificados por la referida reforma tributaria del 2012, ese, en mi opinión, era de los que más sentido económico y tributario tenía, principalmente porque su aplicación está de manera evidente y directa relacionada con el poder adquisitivo del contribuyente, y consecuentemente con su capacidad contributiva. Es decir, es proporcional. Si usted puede comprar un vehículo de RD$2millones, no es excesivo ni injusto que usted pague RD$20mil de derecho a circulación; así como si su vehículo vale RD$300mil, está bien que el impuesto sea 3mil pesos, y no más basado solo en que su vehículo es del 2010.

 

Pero continuando con lo que explicábamos antes, todo ese estudio previo que debió realizarse, se debe hacer porque los impuestos no se establecen medalaganariamente, principalmente porque tienen un efecto (positivo o negativo) en la economía y sobre el comportamiento de las personas; y porque el Estado solo debe tener recursos para responder a las necesidades de sus ciudadanos, no para tener ganancias. En otras palabras: los impuestos existen porque se necesitan.

 

Tomando en cuenta esto, si mediante estudios previos se determinó que ese impuesto era necesario, que éste iba a aumentar las recaudaciones del Estado e incluso se había proyectado cuanto se recaudaría y obviamente a qué se destinarían esos recursos recaudados, ¿cómo es que dos días antes del inicio de su aplicación el Presidente puede posponer el inicio de su aplicación para el próximo año? ¿Es que ya dejaron de existir las necesidades que esos ingresos pretendían cubrir? O, ¿no era necesario ese dinero? ¿Se hizo algún estudio previo? ¿Si se hizo, no sirvió para nada? Puedo seguir haciendo preguntas.

 

Segundo Acto:

 

Se anuncia el aumento de la tarifa eléctrica, y la Superintendencia de Electricidad lo justifica en que es necesariocorregir distorsiones”. La tarifa eléctrica, como cualquier servicio público, y sobre todo un servicio público prestado directamente por el Estado, se cobra en base a sus costos. En este caso, se deben considerar los costos de generación, transmisión y distribución, así como otros propios del negocio; por lo cual, si se entiende necesario el aumento de la tarifa eléctrica es porque se realizaron evaluaciones previas que evidenciaron que la tarifa actual no era suficiente para cubrir los costos que se generan para la prestación eficiente del servicio.

 

Entonces, si esto fue así, por qué basta una llamada telefónica del Presidente -en medio de una conferencia de prensa-, para dejar sin efecto dicho aumento. ¿Quiere decir que ese aumento no era necesario? ¿No se hizo estudio previo? ¿El aumento no tenía justificación financiera? ¿En realidad los costos sí se cubrían, pero querían más dinero para otra cosa? Igual, puedo seguir haciendo más preguntas.

 

Cierre:

Pues estas dos situaciones nos envían un mensaje claro: Aquí se vive el día a día, no hay planificación estructural, no hay evaluaciones económicas o técnicas previas confiables, y si las hay, son ignoradas olímpicamente tan pronto hay una llamada mágica del jefe del ejecutivo.

 

Otras naciones y organismos internacionales han creado ya estructuras que les permiten emitir normas que resulten en respuestas eficientes a las necesidades de la población. En este sentido, se hacen evaluaciones económicas de las normas antes de su promulgación, sobre todo de aquellas que puedan tener un efecto directo sobre los ingresos de los ciudadanos y la economía nacional, como lo son los impuestos o las tarifas de servicios públicos.

 

En nuestro país, en ocasiones se hacen dichas evaluaciones, pero tal vez porque las mismas no tienen una estructura predeterminada o por la cultura que tenemos aún de que existe un jefe absoluto, dichas evaluaciones no alcanzan el propósito buscado de ser guía y justificación de las normas y leyes promulgadas y suelen ser ignoradas.

 

Huelga decir que un hogar en el que no se tomen en cuenta y organicen los ingresos futuros para realizar los gastos presentes, donde no se visualice más allá de los gastos de esta noche o de los caprichos de los niños, olvidándose de lo que motivó las decisiones de los adultos informados, está destinado al fracaso en términos económicos. Exactamente lo mismo aplica para un Estado.

 

Un Estado, luego de identificar cuáles son sus necesidades, determina con estudios especializados, serios y confiables si es necesaria la implementación o aumento de un impuesto para poder obtener los recursos para cubrir dichas necesidades o si lo que corresponde es tomar alguna otra medida (subsidios, concesiones, incentivo de la inversión extranjera, entre otros). La población, que normalmente no está totalmente informada y no tiene las herramientas técnicas para conocer a cabalidad los efectos a mediano o largo plazo de esas medidas o las razones que dieron nacimiento esas medidas, puede quejarse y protestar por el efecto inmediato que las mismas tienen sobre sus ingresos actuales, y a esto un Estado responsable debe responder con explicaciones que justifiquen las medidas de una forma comprensible para su ciudadanía.

 

Lo que no puede hacer el Estado es dejar sin efecto de manera repentina esos impuestos pensados y diseñados para recaudar los recursos en un tiempo determinado, que estaban destinados a dar respuesta a necesidades básicas de su población. Si el Estado deja de recibir esos ingresos que se consideraban necesarios, ¿cómo responderá a las necesidades que ya ha identificado?  De acoger la presión popular que no quiere ver afectada su situación actual, sin que exista plan B para cubrir las necesidades que ya había identificado, lo que el Estado hará será perpetuar un ciclo de inconformidades, y más importante, de pobreza y problemas económicos que a la larga costarán más para resolver que las medidas que actualmente se identificaron como idóneas. Claro, esto bajo el entendido de que dichos impuestos y tarifas hayan sido el resultado de un ejercicio científico y profesional acabado.

 

Por lo que, más que alegrarnos porque no tenemos que pagar el 1% de derecho de circulación este año, o una tarifa eléctrica más alta, debemos cuestionarnos si esos aumentos eran realmente necesarios; y más aún si todos los impuestos creados o modificados por la reforma tributaria tenían una razón de ser o si fueron decididos con el tiro de un dado para saber el % que corresponde al impuesto, y sacando de una tómbola un papelito con el nombre del sector a ser gravado.

 

Fin.

 

Coda:

 

Para aquellos a los que les pueda interesar, las preguntas que deben responderse para hacer una Evaluación de Impacto Regulatorio, antes de emitir alguna regulación con efectos económicos (como lo son prácticamente todas), son las siguientes[1]:

 

  1. ¿Está el problema definido de manera correcta?
  2. ¿Está justificada una actuación por parte del gobierno?
  3. ¿La regulación es la mejor forma de actuación gubernamental?
  4. ¿Hay base legal para la regulación?
  5. ¿Cuál es el nivel apropiado de gobierno para esta acción?
  1. ¿Los beneficios de la regulación justifican sus costos?
  2. ¿Son transparentes los efectos distributivos de la regulación propuesta?
  3. ¿La regulación es clara, consistente, comprensible y asequible?
  4. ¿Todas las partes interesadas han tenido la oportunidad de presentar sus observaciones?
  5. ¿Cómo se obtendrá el cumplimiento de la norma?