Un jefe de Estado autodestructivo

Un jefe de Estado autodestructivo

Feb 05

Las naciones, al igual que las empresas, tienen como fin de satisfacer sus necesidades y para eso deben administrar bien sus recursos, y eventualmente producir beneficios. Para que esto suceda, se requiere de una buena dirección y sobre todo supervisión por parte del dueño o jefe de la compañía. En este sentido, cuando hablamos de un país, ¿quién es ese jefe? Pues somos nosotros, los ciudadanos: somos los jefes del Estado.

 

Los tres poderes del Estado son elegidos de manera directa o indirecta por nosotros los ciudadanos. Hoy quiero referirme particularmente al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo y a cómo nosotros, los ciudadanos, somos los jefes más autodestructivos que nos podríamos imaginar. De hecho, si manejáramos nuestras empresas como manejamos nuestro Estado, la haríamos quebrar.

 

Los miembros del Poder Legislativo son elegidos en su totalidad por el voto directo de los habitantes de áreas geográficas previamente definidas, de los que posteriormente se convertirán en sus representantes. ¿Qué quiere decir esto? Pues que yo, como ciudadana, elegiré a una persona que me representará en la Cámara de Diputados y a otra persona que será mi representante en el Senado. ¿Qué es tener un representante? Es tener a una persona quien actúa en nombre nuestro para satisfacer y proteger nuestros intereses.

 

En este sentido, cuando estamos decidiendo a quién vamos a designar como nuestro representante, idealmente debemos elegir a una persona cuya línea de pensamiento, principios morales, orientación política, intereses sociales, etc. sean similares a los nuestros; por lo menos en los temas que son de especial importancia para nosotros. Lo anterior a fin de que cuando dichos representantes deban redactar o votar un proyecto de ley, tengamos un nivel de certeza considerable de que lo harán de una forma similar a la que nosotros mismos lo haríamos, que se traduce en aprobar las normas legales que más favorezcan nuestros intereses colectivos.

 

Es decir, si nuestra posición con respecto al aborto es en contra, pues no deberíamos elegir a alguien que está a favor; si nuestra posición con respecto al matrimonio homosexual es a favor, no deberíamos votar por alguien que está abiertamente en contra. En la misma línea, si para nosotros a la educación se le debe prioridad presupuestaria frente a, por ejemplo, la construcción de infraestructuras, no tiene sentido que votemos por un senador cuya prioridad sea la opuesta; y así otros ejemplos que ustedes pueden fácilmente pensar.

 

Por otro lado, el Poder Ejecutivo y de manera más específica la Administración Pública, resulta ser nuestro mandatario, no nuestro representante. Es, como indica el maestro García de Enterría, una organización puesta al servicio de la sociedad, por lo cual sus actos no valen como propios de la comunidad, sino como propios de una organización dependiente, que necesita justificarse siempre en el servicio de la comunidad a la que está subordinada.[1] Estamos diciendo que se trata entonces de nuestro empleado, nuestro servidor.
A estos mandatarios/empleados, los elegimos de manera directa, cuando se trata del Presidente y el Alcalde, y de manera indirecta para el resto de la Administración Pública (ministros, directores, consejos, etc.) mediante los mecanismos legales previamente establecidos. Pues estos empleados nuestros tienen una guía de qué hacer y de cómo hacerlo en la Constitución y en las leyes, que fueron previamente creadas por nuestros representantes, los legisladores.

 

Vale notar que la función esencial de la Administración Pública es servir a los intereses generales y, aunque parezca más que obvio, administrar. Debe administrar los bienes, servicios y fondos públicos de la manera que mejor satisfaga las necesidades generales. Para realizar esta función, nosotros, sus jefes, les proveemos de fondos a través de los aportes que todos realizamos por medio del pago de impuestos. En otras palabras, le proveemos de recursos económicos para que los utilicen en nuestro beneficio y solucionen las dificultades que como comunidad tenemos y que no podemos -por razones obvias- atender de manera individual.

 

Al inicio de este artículo afirmé que somos los jefes más autodestructivos imaginables y es momento de sustentar esa afirmación.

 

Esta relación ciudadano-representante (Poder Legislativo) y ciudadano-mandatario (Administración Pública) de la que hemos hablado, es una relación clásica de Principal-Agente. Este tipo de relaciones, analizada por los estudiosos del análisis económico del derecho, se caracteriza por tener a un Principal (el pueblo) que depende del trabajo del Agente (el Poder Legislativo y la Administración Pública) para obtener beneficios económicos, y en este caso también la satisfacción de necesidades sociales. Solo para que puedan hacer un símil rápido y fácil, la más clásica de estas relaciones es la relación empleador (Principal)-empleado (Agente).

El problema esencial de las relaciones de agencia radica en las dificultades de supervisión por parte del Principal sobre el trabajo del Agente y sobre el resultado de ese trabajo. Dichas dificultades se deben usualmente a la falta de recursos para supervisar correctamente el trabajo del agente; a la asimetría o falta de información con respecto a las actividades que realiza el agente, lo cual entorpece su monitoreo; y posteriormente a la falta de sanción o medidas correctivas por parte del principal frente a las actuaciones del agente que no van conforme a lo que el principal requiere para obtener los beneficios económicos que espera.

 

En este sentido, cuando el Principal descuida la supervisión de las actividades del Agente y del resultado de su trabajo, este último siente menos presión para realizar un trabajo de calidad. Es normal. Como explicábamos en un artículo anterior, no están los incentivos correctos. Más aún, cuando el Principal sabiendo los resultados negativos del trabajo del Agente, que se convierten de hecho en pérdidas económicas para el Principal, no hace nada por llamarle la atención; o cuando llega el momento de concluir el contrato, lo que hace es renovarlo, la reacción lógica del agente será mantener esa conducta descuidada, que claramente le trae beneficios a él, porque no se esfuerza mucho y como quiera obtiene un pago. En esencia, está recibiendo una señal clara de que las cosas están bien, y si están bien, ¿por qué cambiarlas?

 

Nosotros, los ciudadanos, somos el Principal o los jefes como ya expliqué, a pesar de que actualmente los papeles se perciban invertidos y se comporten ellos como nuestros jefes y nosotros como sus empleados. Ya que somos sus jefes es nuestra obligación supervisar de manera correcta a nuestros Agente, ya que los beneficios del trabajo que este realice serán para nosotros. Así pues, somos los responsables, para beneficio nuestro, de dejarle saber a nuestro Agente cuándo su trabajo no satisface nuestras expectativas, cuándo debe mejorar y cuándo simplemente es inaceptable.

 

Sin embargo, la conducta del pueblo dominicano es otra. Es de un jefe autodestructivo, un jefe al que no le interesa tener beneficios económicos y de hecho le da igual no tener servicios básicos cubiertos o que sus fondos se usen como al Agente le plazca. Es un jefe incluso indiferente al hecho de tener pérdidas sustanciales e injustificadas en sus fondos públicos. O por lo menos eso parece.

 

Somos un Principal que en mayor o menor medida conoce los resultados del trabajo de su Agente, así que no tenemos ese problema que normalmente presentan las relaciones de agencia. Sabemos también con una certeza considerable en qué se utilizan los recursos que le provee a su Agente, porque sabemos qué tanto fondos públicos se distraen[2], así que tampoco tenemos ese problema de no tener información sobre el trabajo del Agente. No obstante, nuestro empleado se comporta como si no existiera un Principal a quien rendirle cuentas o al cual respetar, y finalmente se ríe en su cara si el Principal osa hacer algún tipo de intento de reclamación.

 

Frente a todo esto ¿qué hacemos nosotros? Pues, en el momento en que nos toca revisar el contrato para terminarlo o renovarlo, es decir, cuando nos toca elegir a nuestras autoridades mediante el voto, sin pensarlo mucho decidimos reforzar su conducta y elegirlos nueva vez tal cual, y aquí está nuestro problema. No tomamos las medidas correctivas o sancionadoras de lugar contra nuestro Agente. El mensaje que le enviamos no puede ser más claro: “continúen su trabajo igual, no nos importa”.

 

Es justo admitir que en los últimos meses se ha producido una especie de despertar de un larguísimo y quasi-eterno letargo en el que vivíamos como sociedad. No obstante, nuestros Agentes aún piensan que esta queja es circunstancial y que no se mantendrá por un tiempo suficiente como para ellos verse obligados a modificar su conducta usual y actual.

 

Mi sugerencia es que dejemos de ver al Estado como una ficción jurídica cuyos resultados no nos afectan, y veámoslo como lo que es: nuestro Estado. Veamos al Poder Legislativo y a la Administración Pública como lo que son: nuestros empleados. Exijámosles como lo haríamos a nuestros empleados en un negocio propio; exijámosles como si nos importara el resultado de sus acciones, las cuales nos afectan querámoslo o no; y cuando nos toque demostrarles si estamos satisfechos o no con su trabajo, seamos honestos y demos una respuesta que sea la más beneficiosa para el país en su conjunto y no para nuestros intereses particulares.

 

*Publicado en Acento.



[1] GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás Ramón. Curso de Derecho Administrativo. Tomo I. Ed. XIV. Editorial Civitas, Madrid 2008, p. 35

[2] Los remito a la gran cantidad de artículos escritos sobre el deficit fiscal. También  pueden revisar al estudio de Transparencia Internacional, que coloca a nuestro país en lugar 118 de Percepción de Corrupción http://cpi.transparency.org/cpi2012/results/: y la página 392 del Reporte de Competitividad Global que nos coloca en lugar 140 de 142 en Desviación de Fondos Públicos http://www3.weforum.org/docs/WEF_GCR_Report_2011-12.pdf